Los trabajos para sacar del lecho del río Ebro miles de toneladas de residuos tóxicos y radiactivos vertidos por la empresa Erkimia desde su creación por capital alemán a principios del siglo pasado deberían haber comenzado el pasado verano. Pero en Flix (Tarragona) no ha aparecido nadie todavía.
A preguntas del alcalde y senador de Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Muñoz, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha prometido una inversión de 185 millones de euros para limpiar la bomba ecológica más importante de España. Pero ahora mismo no hay fecha, ya que antes se deben construir 12 pozos en Tortosa, que han de garantizar el suministro a la capital de la futura veguería de las Terres de l'Ebre y a los municipios adscritos al Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) en el caso de que cualquier error en la extracción de los residuos se traduzca en una contaminación del río hasta su desembocadura.
Sus prolegómenos fracasaron en noviembre a causa de la movilización de los propietarios de las tierras que debían ser expropiadas, apoyados por el sindicato agrario Unió de Pagesos y por la Plataforma en Defensa del Ebro.

"Indefensión"

Pararon el primer golpe alegando "indefensión", porque los afectados no habían podido consultar el proyecto en los plazos que marca la ley, según el portavoz de la plataforma, Manolo Tomàs, para quien los pozos "no tienen nada que ver con la descontaminación de Flix, sino que encierran la voluntad de proporcionar al CAT los dos metros cúbicos por segundo que necesita para hacer frente a la demanda". "Estamos a favor de descontaminar Flix, pero nos oponemos a los pozos porque creemos que son una maniobra de distracción. Tan sólo garantizarían agua potable durante tres días en caso de desastre", puntualiza.
El proyecto suscita otras dudas. La construcción de los pozos no es óbice para empezar las obras de ingeniería que han de preceder a la extracción de los sedimentos. Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora. Fuentes cercanas al Gobierno de la Generalitat apuntan que el Estado dejó pasar el año porque confiaba en financiar las obras con alguna subvención de Bruselas que no llegó. Y algunos ecologistas están convencidos de que, desde el Ministerio, se subestimaron las dificultades técnicas de una obra de estas características, que exige levantar una cinta corredera de seis kilómetros entre el embalse contaminado y su planta de tratamiento, por un terreno bastante complicado".
El comité de expertos congregado en su día para buscar la mejor solución escogió la de extraer los sedimentos del lecho del río antes de enterrar los vertidos bajo una capa de hormigón, la alternativa más barata. Ahora quizá habrá que replantearse el plan.